La imputación por parte del Tribunal Supremo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán no ha causado sorpresa alguna ni en propios ni extraños, pues realmente era cuestión de tiempo que la justicia comenzara a investigar a quienes fueron los máximos responsables de esta comunidad Autónoma durante tantos años, en los que mucha gente utilizó el dinero de los desempleados andaluces para lucrarse inmoral e ilegalmente.
Es verdad que el PSOE no tiene la patente de la corrupción, ahora que tanto se habla de este término con los problemas que los enfermos de hepatitis C están teniendo para poder acceder a los nuevos medicamentos, pero no es menos cierto que se trata de un caso que cuenta ya con 266 imputados, una cifra que deja ya muy atrás la que se apresuró a dar la Junta cuando este asunto estaba empezando a ser investigado. “Se trata de cuatro golfos”, decían hace ya algunos años, y es que sí, hace ya bastante tiempo que arrancó la investigación, y todavía no se han sacado conclusiones judiciales definitivas, lo que a buen seguro incrementa la sensación de impunidad que tiene la sociedad, por muy errónea que pueda llegar a ser esta visión.
Entre tanto, en sólo un mes los andaluces irán a las urnas divididos entre los que no castigarán la corrupción, quienes confían en nuevas fuerzas políticas como Podemos, y quienes irán sin ilusión a depositar la papeleta del PP, que cuenta con un cabeza de lista que pese a que en el Ministerio de Sanidad fue un eficaz gestor, no ha conseguido ilusionar ni a los suyos.
Ante este escenario, no faltan quienes intentan apelar al “mal de muchos, consuelo de tontos”, recordando que no pocos imputados del PP se enfrentan también a delitos similares de corrupción. Es cierto, y el PP debería actuar con más contundencia ante este asunto. Pero la táctica del ventilador para esparcir la basura no va a beneficiar a nadie. O tal vez sí, y seguramente en pocos meses ese será el problema.
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